Torres llegó a las 9.00 horas a los juzgados para acudir a la citación que le había hecho el juez en la pieza separada del caso Palma Arena y lo ha hecho acompañado por su mujer, Ana María Tejeiro, también citada para declarar, y de su abogado, Manuel González Peeters. Poco después de conocerse la decisión de Torres, Tejeiro ha hecho lo mismo y se acogió a su derecho a no declarar.

En esta pieza separada del conglomerado ‘Palma Arena’ se investiga a Urdangarin y a una veintena de personas más por el supuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto Nóos cuando lo presidió el duque.

Ana María Tejeiro era socia de Virtual Strategies, mercantil que entre 2004 y 2007 recibió de Nóos unos 749.500 euros por servicios presuntamente ficticios.

Este sábado están citados los hermanos de esta Marco Antonio y Miguel Tejeiro, quienes formaban parte del comité de dirección de Nóos. El último emplazado a declarar ha sido el asesor jurídico Salvador Trinxet, quien presuntamente ayudó a urdir una red de evasión fiscal internacional de los ingresos obtenidos por Nóos..

Ronda de interrogatorios

Tras más de dos años de investigaciones, abiertas a raíz de la supuesta defraudación de parte de los 2,3 millones que el Govern balear abonó a la entidad para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte, de la que afloró un rosario de supuestas irregularidades en la gestión del Instituto y que culminó con la imputación de Urdangarin, la instrucción de la causa se intensificará desde este sábado con las numerosas declaraciones fijadas a lo largo de los próximos meses, cuyo plato fuerte será la deposición del Duque de Palma el próximo 25 de febrero.

Los interrogatorios se centrarán en los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos Falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos de los que podrían ser constitutivos los hechos investigados y en los que se centrarán los interrogatorios. Enmarcados en la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, estos han despertado gran expectación mediática puesto que hasta un total de 60 medios de comunicación nacionales e internacionales se han acreditado para poder dar cobertura a las esperadas declaraciones.

El primero en ser interpelado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha sido Torres. La Fiscalía Anticorrupción le considera, junto al marido de la Infanta Cristina, responsable de urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad, para lo cual fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y simulaban además trabajos ficticios.

Según los investigadores, la única finalidad perseguida por Urdangarin y Torres con la toma del control de Nóos era poder contar con la cobertura formal de una asociación sin ánimo de lucro, a pesar de dedicarse en realidad a prestar servicios para la Administración en base a elevados precios para, tras recibir los fondos públicos, simularse la contratación de servicios ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan así en manos de empresas controladas por Torres y Urdangarin, que se apoderaron así de hasta 5,8 millones de euros de la trama, según la Fiscalía.

Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. (de la que es copropietaria la Infanta), Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

El análisis de la numerosa documentación incautada en el marco de la causa pone de relieve además el reiterado cruce de facturas supuestamente ficticias o por importe superior al servicio prestado, efectuado entre estas sociedades con el objetivo de incrementar gastos de unas u otras empresas a efectos de rebajar artificialmente el coste del correspondiente impuesto de sociedades.

En cuanto a las jornadas celebradas en Baleares por 2,3 millones de euros, el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados. Ante esto, Torres manifestó en su declaración ante el juez que los convenios de colaboración firmados para celebrar los foros eran un patrocinio y por tanto Nóos no estaba obligada a justificar el destino del dinero.